ESPACIOS GEOGRÁFICOS Y  TERRITORIOS

José M.ª Tejero de la Cuesta

 

 

 

 

PRELUDIO

 

LA EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS ESPACIOS GEOGRÁFICOS

        Los espacios geográficos históricos o de las sociedades agrarias

        Los espacios geográficos actuales o de las sociedades industriales

        Los espacios geográficos futuros o de las sociedades digitales

 

LOS ESPACIOS GEOGRÁFICOS DE ESPAÑA

        España, un territorio urbanizado

        Las actuales regiones geográficas  de España

        El proceso de construcción de los espacios geográficos actuales

        Alternativas para los nuevos  espacios geográficos  de la sociedad digital

 

 

PRELUDIO

 

La ciencia del  territorio, la geografía, tiene por objeto el conocimiento de los espacios geográficos y utiliza este conocimiento  para prever su evolución futura en función de los cambios sociales, económicos y tecnológicos de cada sociedad. Conocimiento y pre-visión permiten, a su vez, la ordenación y planificación  de dichos espacios  geográficos de acuerdo con los criterios y objetivos  de cada comunidad.

Los espacios geográficos son el resultado de la variable relación entre el medio natural, estable a la escala temporal humana hasta el siglo XX y el medio social cambiante.

El medio social integra los espacios sociales residenciales -- viviendas o alojamientos -- ,  productivos – agrarios, mineros, industriales, comerciales y de servicios -- y dotacionales o de infraestructuras y equipamientos comunitarios.

El medio natural engloba los espacios naturales, fruto de la combinación compleja y dinámica de los efectos de la atmósfera y las características  de  la hidrosfera, la litosfera y la biosfera.

Los espacios geográficos constituyen la proyección espacial de la organización y de las actividades de cada sociedad en el medio natural que habita y que garantiza su existencia y su pervivencia.

Considero el territorio como el conjunto de  los espacios geográficos de una comunidad social local, regional, nacional, transnacional o sectorial con una   organización política, jurídica y administrativa común

Es bien conocido que muchas especies animales acotan y marcan su espacio vital. La especie humana ha seguido esta pauta y los espacios geográficos son, originariamente, la expresión de ese sentido de territorialidad.

Pero la historia de la humanidad ha sido la de una dominación y transformación creciente de la naturaleza a través del conocimiento y su aplicación técnica. Así se ha ido sustituyendo la seguridad de la supervivencia basada en la territorialidad por la pertenencia a una comunidad organizada políticamente en la que sus integrantes fían su seguridad a los derechos y obligaciones establecidos por normas. La territorialidad y, en consecuencia la seguridad, la proporciona la condición de ciudadano o miembro de un estado, una región, un municipio.

En la actualidad la seguridad depende  del dinero y de ahí deriva el que las grandes em-presas y las élites económicas se hayan desterritorializado, se hayan hecho  multinacionales o globales creando paraísos financieros y fiscales o amparándose en banderas de conveniencia. Se han independizado de la soberanía de los pueblos y de las obligaciones propias de la territorialidad y han construido  un  territorio autónomo y global con leyes propias y sin límites ni fronteras.

 

A partir de estos planteamientos expongo los tipos de espacios geográficos propios de las sociedades agrarias  y de las sociedades industriales y avanzo los que surgirán con las nuevas sociedades digitales.

Los espacios geográficos que se han sucedido a lo largo de la historia en todo el mundo son el resultado  de la evolución del conocimiento, motor de los cambios tecnológicos, y ha conformado la evolución de las sociedades y su proyección espacial.  Los hitos de los cambios sociales  son bien conocidos por su naturaleza transformadora, las revoluciones neolítica e industrial y la digital en curso. Cada una ha ido alumbrando sucesivamente las sociedades agraria, industrial y digital y los espacios geográficos correspondientes.

 

Dedico la segunda parte de esta publicación a analizar como se han materializado estos tipos de espacios geográficos mundiales  en España y particularmente los espacios geo-gráficos actuales resultado de el paso de una sociedad de base agraria a otra de base industrial y de servicios en los últimos doscientos años.

Tanto para el caso general, planetario, como para el caso español, señalo algunas de las características de los espacios geográficos que surgirán de la progresiva implantación de la nueva sociedad digital.

Pero a la vez  considero que los territorios  de esta nueva sociedad digital no pueden ser solo el resultado  de los cambios tecnológicos o la mera proyección espacial de la organización de dicha nueva sociedad digital. Los espacios de las sociedades agrarias han estado condicionados por el medio natural y por las creencias en las que se ha sustentado el poder. Los espacios de las sociedades industriales se han modelado  sobre las nuevas formas de producción y la nueva organización  del poder fundamentado en los postula-dos de las distintas fases del sistema capitalista.

Los territorios de la sociedad digital debieran conformarse y mantenerse por la voluntad y el acuerdo de sus habitantes. En el caso de los territorios locales ese acuerdo debe ser directo y continuo a través  de la participación activa en la gobernanza de lo común.

En resumen, propugno “otro territorio”,  el territorio libremente concertado y gestiona-do por sus habitantes, organizados democráticamente en comunidades de proximidad

 

LA EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS ESPACIOS GEOGRÁFICOS

 

 

Los espacios geográficos históricos o de las sociedades agrarias

 

Desde la Revolución Neolítica hasta fechas recientes, la historia de la humanidad ha sido la historia de las sociedades agrarias, pues la explotación de la tierra ha sido la base de su supervivencia y el fundamento de su arraigo en un medio natural concreto, en un lugar. Los primeros agricultores hubieron de adaptar su modo de vida a las condiciones naturales del entorno en su alimentación y refugio y crear comunidades sociales basadas en las relaciones de vecindad,  de cooperación  y autosuficiencia.

El sustrato terrestre y el entorno climático son los condicionantes naturales de las sociedades agrarias.

Las características del terreno -relieve, rocas y suelos- y su ocupación natural -vegetación, y aguas- definen las condiciones naturales y las  capacidades agroalimentarias de un lugar. La forma en la que el agua está disponible,  sea de ríos, de lagos o del subsuelo, junto a las divisorias de aguas entre vertientes y cuencas, explican la localización de las poblaciones y de los cultivos o de otros aprovechamientos de recursos natura-les.

La latitud  de cada fragmento terrestre define su clima general. La orografía -altitud, pendiente y orientación- y la localización litoral o interior introducen variaciones climáticas locales.

Los grupos humanos se han adaptado a las condiciones naturales a la vez que las han ido transformando progresivamente. Así el espacio natural se ha convertido en un espacio geográfico local, en la proyección espacial, en la huella  de  la comunidad, de sus actividades, composición y organización social, de sus normas, gobierno, historia, y cultura.

Las comunidades de estos espacios geográficos locales han tenido también que agrupar-se, bien para complementarse o defenderse, bien por imposición externa y así se han constituido territorios con una organización común fruto, la mayor parte de las veces, del reconocimiento de un poder superior.

Tres rasgos básicos caracterizan los espacios geográficos de las sociedades agrarias.

En primer lugar, el equilibrio, la armonía, entre el medio natural y la utilización del mismo por sus ocupantes. Estos espacios geográficos históricos eran una construcción que había alcanzado su plenitud con una economía circular, sostenible y respetuosa con la naturaleza. Expresaban el equilibrio propio de la sociedad agraria con el medio natural en él y del que vivía basada en una relación simbiótica y no de competencia.

Estos espacios geográficos eran diferentes entre sí, como el medio natural que los sustentaban y, a la vez, complementarios. De ahí la diversidad espacial, la geodiversidad y la sostenibilidad del conjunto. Pero no pocas veces, la armonía encerraba desequilibrios, por la pobreza del suelo o por una distribución desigual de su riqueza con la apropiación desmedida por parte unos pocos, ya fueran locales o foráneos.

Un segundo rasgo es el de la proximidad de todas las relaciones sociales debido a la dependencia de la fuerza de los animales para cualquier recorrido y transporte terrestre. Pero sobre todo, porque la subsistencia colectiva sólo podía asegurarse mediante la cooperación de los miembros del grupo local.

El tercer rasgo es el de la autosuficiencia que requiere un conocimiento compartido por todos los miembros de la comunidad. Una visión omnicomprensiva de la realidad, del entorno y de las actividades y medios para mantener la supervivencia y la vida colectiva que se transmitía de forma oral y práctica y ha pervivido parcialmente en sentencias y refranes como una rica herencia cultural que expresaba la ocupación humana estacional y diaria a lo largo del año.

Cada una de estas  comunidades locales se integraba con otras, más o menos próximas o incluso lejanas, compartiendo unas creencias, articuladas en religiones, que ofrecían protección y compensación frente a la tiranía del medio natural y las adversidades de unas vidas siempre inciertas, dolorosas y que periódicamente diezmaban a la población por el hambre, la peste o las guerras. Estas creencias iban unidas a un poder político de origen divino, garantes de la seguridad y la cohesión de los distintos espacios locales que do-minaban.

 

 

Los espacios geográficos actuales o de la sociedades industriales

 

El siglo XIX la Revolución Industrial alumbra la sociedad industrial cuya base económica se fundamenta en la reunión de máquinas, energía y trabajadores en edificios específicos, las fábricas. A su alrededor las viviendas acogen a los trabajadores y a los servicios que aseguran el funcionamiento del conjunto. Los procesos manufactureros se independizan del medio natural y los nuevos sistemas de transporte sustituyen la tracción animal por los combustibles fósiles. La mecanización también afecta al campo, que se vacía al emigrar los campesinos a los nuevos centros fabriles o a los territorios coloniales donde se replican las transformaciones iniciadas en Europa.

La nueva sociedad industrial configura los espacios geográficos actuales de acuerdo con los cambios tecnológicos y organizativos requeridos por la producción industrial. Los nuevos espacios son artificiales, edificados, uniformes y repetitivos a escala planetaria frente a la diversidad de los espacios de las sociedades agrarias. Los espacios naturales, convertidos en fuente de recursos naturales, van perdiendo el carácter de hábitat sostenible de la especie humana y de todas las demás que la han acompañado a lo largo de la historia.

Los espacios de la sociedad industrial son espacios urbanos, resultado de la concentración en edificios de personas y máquinas. Ciudades, áreas metropolitanas, regiones urbanas conectadas entre sí e internamente por redes de transporte, de comunicaciones y de conducciones que relacionan tanto a los habitantes con sus trabajos, con sus actividades sociales, con los espacios de ocio y turismo, como a las mercancías con los suministros para la fabricación o productos para la comercialización final.

Los espacios urbanos subordinan a todos los demás espacios y aprovechamientos y los configuran según sus necesidades. Edifican el medio natural para el ocio y el turismo de los habitantes urbanos, rompen la estacionalidad y las condiciones naturales de la producción agroganadera con edificaciones efímeras de plástico o instalaciones duraderas, introducen masivamente la mecanización, el riego, el control de semillas, el abonado o la eliminación química y contaminante de las plantas no útiles, etc., para garantizar producciones intensivas y  fuera temporada. Además, los espacios agrarios se especializan con monocultivos,  suprimiendo la diversidad y complementariedad de la actividad agraria tradicional. La demanda urbana y la optimización de los beneficios de los capitales urbanos o multinacionales son los que dirigen las transformaciones. Como contrapunto a la concentración urbana, se produce el vaciamiento del campo, la despoblación rural, mientras se recurre a inmigrantes temporeros para cubrir los trabajos agrarios no mecanizables.

La urbanización masiva genera enormes desequilibrios económicos, sociales y territoriales. En efecto, la concentración urbana se convierte en una gigantesca fuente de beneficios para unos pocos y unos costes extraordinarios para la mayor parte de la población que queda atada a trabajos poco remunerados y a obligaciones de vivienda o transporte y servicios muy onerosos. El modo de vida urbano descansa sobre un valor artificial del suelo, sobre la utilización de energía contaminante para el movimiento continuo, sobre la ruptura de todos los lazos comunitarios y sobre la creciente especialización de los bienes y servicios ofrecidos desde los monopolios económicos que condenan a la impotencia dependiente a sus habitantes. Las infraestructuras de transporte, a cargo de los presupuestos públicos, permiten extender indefinidamente el suelo urbano en horizontal y en altura y privatizar la multiplicación de su valor. Todo ello requiere  financiación y correlativamente, un endeudamiento particular y público en beneficio del sector bancario y financiero.

Los nuevos espacios geográficos son espacios artificiales que esquilman el medio natural utilizándolo como soporte de sus edificaciones e infraestructuras, como recurso hídrico, energético o de materiales, como vertedero de sus residuos sólidos, líquidos o gaseosos o como espacio de consumo para el ocio de los habitantes productivos.

Los nuevos espacios urbanos, al ser independientes del medio natural, no necesitan ni favorecen la geodiversidad que caracteriza a los espacios históricos. Al contrario, ex-tienden la uniformidad espacial a todo el planeta, a la par que el proceso de deslocalización industrial. Resultan de la aplicación de los principios de estandarización, repetición de modelos y procedimientos y  de la reducción de costes que esto implica. La uniformidad espacial se va extendiendo a todos los sectores (construcción, alimentación, vestido, ocio...)

La ruptura de la relación de interdependencia con el medio natural acaba con el sentimiento de pertenencia a un territorio y comunidad local, es decir, con la territorialidad y la vecindad como base de cohesión social y se sustituye por la del estado-nación como ámbito de la soberanía de los ciudadanos. Efectivamente la revolución industrial alumbra nuevas clases sociales, la de los propietarios de la riqueza y la de los trabajadores asalariados y con ellas el proceso de formación  de los nuevos estados-nación. Son los estados-nación los que, con formas de gobierno centralistas o no, integran distintos tipos de espacios naturales. La seguridad y supervivencia de los individuos pasa a ser garantizada por los nuevos estados. La cooperación de las sociedades locales tradicionales se sustituye por el individualismo. Las nuevas fronteras marcan la pertenencia a estas comunidades nacionales y el ámbito de su seguridad y sus derechos individuales frente a terceros.

A lo largo del siglo XX se internacionaliza la sociedad nacida de la revolución industrial y la generalización del libre comercio organiza el mundo sobre la división territorial del trabajo y la especialización geográfica. El comercio ya no es de espacios complementarios sino de espacios especializados a escala planetaria, monofuncionales o poco diversificados y, en consecuencia, económicamente dependientes. La globalización de los intercambios apoyada por una movilidad universal de personas, mercancías y datos alumbra una economía de mercado mundial.

Esta mundialización es el resultado de una cooperación impuesta por unos países a otros y  por unas clases sociales sobre otras. La seguridad proporcionada históricamente por la comunidad es trasladada al Estado y finalmente acaba, en buena parte, privatizada en favor de actores financieros internacionales, haciéndose, por tanto, dependiente de la capacidad económica de cada persona. En los países menos desarrollados y en algunos desarrollados, la seguridad comunitaria se transfiere directamente al sector privado, dejando a la la mayor parte de la población en el desamparo y la penuria o en la obligada y penosa emigración.

Igualmente, la economía de mercado subordina el medio natural, un patrimonio de toda la humanidad, a la rentabilidad inmediata para unos pocos, alterando las leyes de funcionamiento de la naturaleza y provocando un cambio climático global.  Rompe, también,  el equilibrio tradicional del mundo rural con la naturaleza y el respeto de la biodiversidad con la contaminante agroganadería industrial basada en el control de semillas y razas por  pocas  empresas multinacionales. La globalización resulta ser el instrumento de explotación de todo el planeta y sus habitantes por  único sistema económico, el capitalismo. Ante problemas globales las soluciones son individuales, como es el caso de la contaminación o de las pandemias. Solo se protege a los estados o a los individuos ricos.

Los principios de la sociedad industrial, individualismo, división y especialización del trabajo y desigualdad tienen también su proyección espacial.

Regiones e incluso países enteros se hacen dependientes de una mano de obra barata y temporal, de un recurso minero, de un monocultivo o de una actividad económica como el turismo o las industrias contaminantes. Y esta especialización económica y espacial es siempre controlada desde centros financieros externos directamente o a través de agentes e intermediarios locales.

En las ciudades el suelo se parcela por usos y las edificaciones residenciales se reparten espacialmente según sea la renta de sus habitantes. La conexión entre las distintas zonas funcionales o residenciales requiere infraestructuras y medios de transporte públicos o privados. Puede haber peculiaridades en cada ciudad, pero la regla general es que el con-sumo de bienes y espacios públicos sea mayor para los que menos contribuyen a su construcción y mantenimiento, para los habitantes de las periferias ajardinadas y de menor densidad, con mayor riqueza y capacidad de consumo y, por ende, la más contaminante.

La concentración industrial y urbana iniciada en Europa se replica en sus colonias: se impone con el imperialismo, con el reparto del mundo en bloques tras las guerras mundiales, con el colonialismo laboral  tras los procesos de independencia y desaparición de los bloques y, actualmente con el colonialismo financiero y tecnológico.

El colonialismo laboral se realiza mediante el traslado –deslocalización– de las actividades fabriles a países con bajos costes salariales, escasos derechos laborales y reducida o nula protección ambiental. En paralelo se produce el colonialismo financiero  a través de los organismos monetarios y bancarios internacionales y finalmente,  el colonialismo tecnológico, amparado por los derechos de propiedad intelectual y de patente y el monopolio de las aplicaciones de la movilidad y el transporte Este colonialismo multiforme -neocolonialismo- se une al colonialismo cultural y se completa con el control de los me-dios de comunicación y de los datos particulares.

La naturaleza y dimensión de los espacios urbanos actuales varían según las actividades productivas que acogen o la posición que tienen en el sistema de transportes y comunicaciones mundial, es decir, según su importancia como puerto, aeropuerto, estación ferroviaria de alta velocidad, intercambiador en un corredor ferroviario transnacional, nudo de autopistas o nodo de fibra óptica transcontinental o internacional. Y, naturalmente, su nivel como centro de poder político, económico o financiero

De forma general, los efectos de la concentración de población, de actividades, de conocimientos o de riqueza, tienen efectos negativos y cuestionan la viabilidad de los espacios geográficos nacidos de la revolución industrial.

Los espacios geográficos actuales basados en la movilidad continua dentro de cada espacio urbano y entre los distintos espacios urbanos, rompen las relaciones sociales de convivencia basadas en la proximidad, la cooperación, la integración con el medio natural, el sustento con productos cercanos y la autosuficiencia local introduciendo unos enormes costes personales y colectivos.

Pero además, se produce una movilidad temporal de forma permanente y global. Ahora los cambios son muy rápidos y planetarios, es decir, afectan a toda la especie humana y a todo el planeta. Cabe preguntarse, entonces, si la humanidad tiene capacidad de adaptación u opciones alternativas, si la contaminación y explotación de los recursos naturales no cuestionan la sostenibilidad medioambiental, si la creciente desigualdad, la explotación laboral, la ruptura de los lazos comunitarios o la proliferación de enfermedades contagiosas no abocará a los espacios geográficos industriales al colapso y con ellos al medio natural y a la especie humana.

Ante la percepción, cada vez más extendida de esta situación, se formulan alternativas tales como establecer Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizar la transición energética, paliar la contaminación y sus efectos en en el clima o detener la esquilmación de los recursos naturales. Sin embargo, estas iniciativas van orientadas a reforzar el modelo productivo, económico y espacial existente, o sea, a la desregulación y privatización, a la prevalencia de los intereses privados sobre los públicos, aunque se envuelva en un discurso legitimador.

Es una una pretensión estéril. En primer lugar porque la Sociedad Digital tiene otros fundamentos que apuntan a una remodelación e incluso transformación de los espacios geográficos como ha ocurrido a lo largo de la historia cuando las bases materiales de la existencia humana se han modificado.

Pero también, porque cuando en muchos aspectos, el medio natural ha dejado de regirse por las leyes de la naturaleza, no parece posible volver a la situación precedente. Es más, cuando los recursos naturales no se consideran un capital colectivo a mantener sino una fuente de rentas particulares, tanto mayores cuanto mayor sea su consumo, lo que se pone en cuestión es la propia subsistencia de la especie humana.

Finalmente, porque es inviable la sostenibilidad si depende de una movilidad continua y planetaria de vehículos particulares que mantiene una sociedad consumista,  individualista,  insolidaria y dependiente de las estrategias de poderes  monopolistas multinacionales financiados, además,  con dinero público.

 

 

Los espacios geográficos futuros o de las sociedades digitales

 

A partir del último cuarto del S. XX se está produciendo la Revolución Digital que va acompañada de una transformación de las clases propietarias y trabajadoras de la época industrial. Las grandes empresas motoras de ese cambio tecnológico van sustituyendo en el liderato a las empresas fabriles y energéticas de la sociedad industrial que pierden pe-so y muchas se reconvierten o desaparecen. La crisis económica desatada en 2008 y la pandemia de 2020 están acelerando estos cambios. Las grandes empresas tecnológicas se benefician promoviendo la sustitución de lo real por lo virtual y la materialidad de los bienes  por su valor atribuido en el mercado global o de la deuda contraída con las entidades creadoras de dinero. El sistema financiero se independiza de la economía real y somete a los estados, a las empresas y a los ciudadanos a través de la generación de deuda, de instrumentos monetarios transnacionales o de opacos acuerdos de comercio y, así, quiebra las soberanías políticas tradicionales.

Las actividades industriales ya ocupan a una parte reducida de la población activa y ca-da vez más se automatizan y se robotizan. También se modifican las relaciones laborales, los tipos, las formas y los lugares de trabajo a la vez que éste se precariza, se abarata y se trasladan los costes sociales a los propios trabajadores.

Estos cambios hacia una sociedad digital son consecuencia de los rápidos y extraordinarios avances científicos y tecnológicos. La digitalización  y mercantilización de todas las actividades humanas alumbra nuevas formas de organización social y, previsiblemente, su proyección espacial dará lugar a nuevos espacios geográficos.

Las fuentes de energía fósil, la concentración urbana de fábricas y viviendas y los me-dios de transporte privados fueron los pilares de los espacios geográficos de las sociedades industriales, pero cada vez más se camina hacia las energías renovables dispersas, la producción fabril distribuida, los servicios telemáticos y el comercio online. Estos hechos alumbran una difusión espacial de la población y de sus actividades y con ello puede  iniciarse una recuperación de la convivencia social y la integración con el entorno natural.

Además la pandemia actual ha puesto en evidencia la fragilidad del modelo de  globalización y suscitado, a los países desarrollados, la conveniencia de renacionalizar sus em-presas, diversificar su economía, evitar los cortes de las cadenas suministro, garantizar la autosuficiencia del mercado nacional y reforzar su soberanía.

Sin embargo, la necesaria reconversión de los espacios geográficos industriales hacia los propios de una sociedad digital choca con las resistencias de la organización productiva, económica y social. En efecto, los poderes económicos propugnan utilizar la lucha contra el cambio climático y la degradación del planeta para financiar públicamente a las em-presas privadas la transición energética hacia energías renovables, la digitalización de los procesos productivos y de máquinas o la conducción autónoma de los vehículos. De  esta forma, se elude afrontar cambios en los modos de vida para que estos  no requieran la movilidad permanente, la expansión suburbana en las ciudades, la privatización de los servicios públicos y la pérdida del control del agua, las fuentes de energía fósiles o renovables o de los soportes naturales de nuevas formas de alimentación cada vez más artificiales.

Pero cada vez está más extendida la percepción de que las formas de vida actuales aten-tan contra la salud y la naturaleza de la especie humana y producen el deterioro irreversible del clima y de los ecosistemas. Y, en consecuencia, surgen movimientos  sociales que reclaman recuperar la armonía con el medio natural, la proximidad de la vivienda con las instalaciones de trabajo, comercio, educación, salud y ocio, la participación en las tareas y servicios comunitarios así como el uso de medios de transporte no contaminantes.

El cuidado del planeta y de su biodiversidad y exigen un cambio en los modos de vida y de relación, la reordenación de los espacios urbanos actuales y la difusión espacial en el medio rural de las actividades y de las poblaciones actualmente concentradas en grandes ciudades.

El bienestar social, la justicia, la calidad de vida y la sostenibilidad pasan por la reconstrucción de comunidades sociales que superen el individualismo consumista, competitivo e insolidario y el sometimiento a la ficción de una ubicuidad destructiva. Compartir, colaborar y repartir equitativamente los resultados deberían ser los fundamentos de la nueva sociedad y de los espacios geográficos que construya.

La toma de conciencia de que la vida descansa sobre el respeto del medio natural y la capacidad de la especie humana de adaptarse a las nuevas transformaciones suscita la necesidad de diseñar espacios geográficos futuros sostenibles. Como señala el Panel Intergubernamental de Biodiversidad de Naciones Unidas, la "explotación insostenible" de recursos que lleva a la alteración del clima y a las extinciones masivas de especies son el origen del surgimiento de nuevas enfermedades planetarias. La pandemia  no es la causa de una catástrofe económica global sino, al revés, la consecuencia. Y lo mismo ocurre con el cambio climático y la destrucción de la biodiversidad.

Durante milenios, los espacios geográficos históricos se han mantenido sobre el equilibrio con el medio natural, la estabilidad y la seguridad personal, la pertenencia y el am-paro grupal y la convivencia en un entorno próximo y conocido. Los cambios eran, además de pausados, locales y, por tanto, no amenazaban la capacidad de adaptación de la especie humana ni alteraban la naturaleza de los individuos y sus modos de vida y de relación.

Es necesario recuperar una relación respetuosa con el medio natural, construir “otro territorio”, para conseguir una sostenibilidad global y habrá que hacerlo partiendo de que estamos ya en una sociedad altamente urbanizada y, en gran medida,  digital.

Para ello los espacios urbanos tendrán que adaptarse a las necesidades de las comunidades vecinales que se formen a partir de la integración de varios edificios residenciales. Serán los oikos como denominaban en la Grecia antigua a los espacios básicos de convivencia y sustento, que entonces se aplicaba a la familia extensa o clan.

Los núcleos de población serían, así, agregaciones de espacios de convivencia, ámbitos de vida, trabajo, relación, atención y cuidados interpersonales, ocio, comercio y de servicios básicos autosuficientes, autogestionados y completos.

Aunque la nueva sociedad digital va a transformar los espacios geográficos actuales, este proceso debe ser dirigido y acelerado desde el sector público y con la participación activa de las comunidades locales.

En efecto, el motor de las transformaciones espaciales tendrá que ser la acción pública promoviendo la redistribución de las actividades productivas en el territorio acompañada de políticas  de viviendas y equipamientos correctores de la concentración urbana Esta reordenación territorial debe procurar la adaptación espacial a las nuevas condiciones de la sociedad digital y garantizar el mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio cli-mático evitando la subordinación al mercado, fuente de todos los desequilibrios que atentan el desarrollo social equitativo,  la sostenibilidad del planeta y la salud de la especie humana.

La ordenación territorial implica actuar remodelando las concentraciones urbanas, repoblar y reactivar los espacios rurales y desestacionalizar, diversificar  y complementar con otras actividades productivas y de cuidados personales los espacios turísticos.

Pero estas actuaciones públicas generales se deben apoyar en la participación activa y continua de los ciudadanos integrados en espacios vecinales autosuficientes con una regulación jurídica y una organización política de participación y gobierno que garantice, en ese espacio vecinal,  competencias  y su autogestión. En los espacios urbanos o en los  rurales, donde así lo decidan sus habitantes, se constituirán estos espacios vecinales englobando el conjunto de edificaciones que aseguren la complementariedad de las viviendas con las dotaciones, servicios y lugares de trabajo para un nivel básico de autosuficiencia.

La zonificación del espacio urbano, la discrecionalidad de los planificadores, la convergencia de multitud de administraciones con sus respectivas leyes, normas, estructuras políticas y administrativas, han desposeído a los ciudadanos de su capacidad de decisión limitándoles a la condición de súbditos susceptibles de ser perseguidos, multados por los incumplimientos y, además,  expropiados de todo lo público o del incremento de su valor por los efectos de la planificación en favor del sector privado.

La alternativa al impuesto modelo de la ciudad actual, la ciudad productiva de esta época industrial, es el modelo de ciudad mediterránea con varios siglos de existencia. La ciudad mediterránea ha sido un  espacio urbano de escala humana, de movilidad peatonal, de convergencia de lugares de trabajo, comercio, deportes, artes, ocio, de vecindad y cuidados comunitarios, de atención sanitaria, educativa, asistencial etc. Ciudades que disponían de espacios públicos de gran calidad y vitalidad: las calles con sus comercios y bares, las plazas, los parques, los mercados y mercadillos, los teatros y centros cultura-les…, lugares de socialización de sus habitantes. Donde estas características se mantienen, al menos en parte, siguen proporcionando una gran calidad de vida y una apreciación alta por parte de quienes las visitan.

La recuperación del modelo urbano mediterráneo requiere la partición de las concentraciones urbanas actuales en los antes citados espacios vecinales autogestionados.

En el medio rural un conjunto de municipios pueden conformar espacios comarcales autosuficientes, es decir, con una dotación de infraestructuras, servicios y actividades productivas básicas  y un transporte público fluido, eficiente y no contaminante entre los distintos núcleos. Esta sería la forma de aprovechar estos activos espaciales históricos, conservar el patrimonio cultural y arquitectónico y facilitar la descongestión de los espacios urbanos. La población no activa de los núcleos urbanos puede instalarse en el medio rural y tener una gran calidad de vida, prestarse cuidados mutuos y realizar una custodia, regeneración y conservación del medio natural.

En resumen la calidad de vida y la autonomía vital requieren un nuevo modelo territorial que permita la reducción del tiempo dedicado a la producción y a los desplazamientos y la disminución de los gastos, particularmente los vinculados a la adquisición de vivienda, vehículos, energía o abastecimientos o al pago de las deudas para atender dichos gastos y a los costes de la intermediación bancaria. Pero los efectos positivos de este nuevo modelo territorial solo se harán efectivos a través de una participación directa y continua de las comunidades vecinales implicadas.

 

 

LOS ESPACIOS GEOGRÁFICOS DE ESPAÑA

 

España, un territorio urbanizado

Actualmente la población española se concentra en espacios geográficos urbanos como consecuencia de las transformaciones, en los últimos doscientos años, de una sociedad agraria en una sociedad industrial y ésta en una sociedad de servicios, a su vez en proceso de cambio hacia una sociedad digital.

En líneas generales, los nuevos espacios geográficos contraponen un gran crecimiento urbano del centro madrileño y de la periferia y un despoblamiento generalizado de las zonas rurales del interior.

En el mapa de la  variación de la población de 1900 a 2015 se puede apreciar el resulta-do del proceso migratorio del campo a las ciudades y del interior a la periferia y en con-secuencia, la urbanización del litoral y el vaciamiento poblacional del interior, salvo la concentración central madrileña y algunas ciudades interiores con funciones de administración provincial o regional y localizadas en los ejes autoviarios o ferroviarios.

Los espacios interurbanos se han vaciado de población y funciones y son dependientes de los espacios urbanos, adaptando sus aprovechamientos agrarios a las demandas urbanas nacionales e internacionales y abandonando la agricultura tradicional. En los lugares con aprovechamientos agrarios intensivos se ha generado una agroindustria y por tanto una modalidad de agrociudades que en el caso del litoral se acompaña con aprovechamientos pesqueros y también turísticos. En cambio el interior vaciado se aprovecha para una ganadería intensiva altamente contaminante y para grandes instalaciones de generación eléctrica eólica, termosolar y fotovoltaica contribuyendo así a deteriorar y despoblar más aún el medio rural, a la desaparición de la vegetación y la fauna  natural y los aprovechamiento agroganaderos tradicionales y a crear un paisaje desolador

 El sistema urbanopeninsular se ha configurado en tres niveles según el volumen de su  población y el alcance y la especialización de sus actividades.

Las áreas metropolitanas o regiones urbanas tienen proyección nacional e internacional ya que concentran una gran población, actividades económicas, medios de transporte aeroportuarios, portuarios, ferroviarios de alta velocidad, autoviarios de alta capacidad, nodos de redes de información y comunicaciones digitales, y centros de formación superior e investigación

Un segundo nivel lo conforman las ciudades administrativas y de servicios con proyección provincial o regional situadas la mayor parte entre la región urbana madrileña y la periferia litoral. Alguna de estas ciudades ha incrementado su población al haber adquirido la condición de capital regional,  pero sobre todo, al ser intercambiadores en las infraestructuras de transporte terrestre transnacionales y localizarse en ellas actividades industriales o logísticas.

Finalmente los centros urbanos comarcales con funciones comerciales y de servicios a su entorno rural. En algunos casos tienen actividades industriales relacionadas con la explotación del medio natural o con una ventajosa situación en relación con los sistemas de transporte históricos.

 

Las actuales regiones geográficas  de España

Las transformaciones  de la Revolución Industrial cristalizan, a partir del siglo XIX, en tres grandes conjuntos o regiones geográficas, el dinámico y complejo litoral, el agrario y despoblado interior (salvo el área metropolitana madrileña y los ejes castellano, andaluz y del Ebro, apoyados en sus capitales regionales ) y el insular y turístico de Baleares y Canarias. Dentro de cada uno de estas regiones se identifican distintos subconjuntos y espacios geográficos:

Regiones geográficas periféricas o litorales

•             El eje litoral Atlantico de Vigo al Ferrol y que se continua hasta Oporto.

•             El eje litoral Cantábrico con los puertos de Gijón, Santander y Bilbao como centros metropolitanos.

•             El eje  mediterráneo-catalán  con Barcelona como gran centro metropolitano

•             El eje mediterráneo-levantino de las comunidades valenciana y murciana con Valencia como centro metropolitano.

•             El eje mediterráneo-andaluz de Algeciras a Almería con  Málaga como centro metro-politano.

•             El eje atlántico-andaluz de Huelva, Sevilla y el Marco de Jerez, con Sevilla como cen-tro metropolitano.

 

Regiones geográficas interiores

•             El área metropolitana de Madrid con proyección global es además, centro del poder político, económico y administrativo del Estado.

•             El eje industrial castellano de Miranda de Ebro, Burgos, Palencia y Valladolid.

•             El eje industrial del Ebro con Logroño, Pamplona y Zaragoza

•             El área de la España vaciada que incluye la mayor parte  de Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura y Aragón (salvo los corredores o ejes antes citados).

•             El área de Galicia interior de poblaciones y explotaciones agrícolas pequeñas

•             El área de Andalucía interior de poblaciones y explotaciones agrícolas grandes.

 

Regiones geográficas insulares

•             Las islas turísticas de Baleares

•             Las islas turísticas de Canarias

 

Sin embargo la delimitación de estos ejes o áreas no responde a los conceptos tradicionales de concentraciones urbanas  o dispersiones rurales. Por el contrario hay que  considerar como espacios urbanos  todos los núcleos conectados y sujetos a una movilidad diaria de carácter laboral. Y el vaciamiento rural es la expresión del aislamiento. Pero un aislamiento relativo ya que en muchos casos se produce una conexión estacional de carácter vacacional con residencias secundarias o sistemas de alojamiento turístico nuevos.

Desde esta perspectiva es muy interesante la aportación de José Manuel Gómez Giménez  con su  delimitación de las regiones funcionales de la Península Ibérica a partir de los flujos laborales interurbanos en 2011. En el mapa se pueden apreciar los espacios fronterizos entre provincias, regiones o entre España y Portugal como espacios vacíos, espacios rurales de agricultura extensiva, de carácter natural o simplemente improductivos. También son expresivas los tonos claros de las regiones funcionales que contraponen los centros urbanos con sus entornos  definiendo áreas rururbanas, es decir con actividades del sector primario pero conectadas con un mayor o menor número de centros urbanos  de actividades terciarias o, en algunos casos secundarias.

 

 

El proceso de construcción de los espacios geográficos actuales

 

La singularidad geográfica de España, en relación a su entorno europeo, proviene de un medio natural muy variado y del retraso en la implantación generalizada de la organización económica y social industrial. La integración en la Unión Europea,  la atención a una explosiva demanda  turística junto al éxodo rural de la segunda mitad del siglo XX ha requerido una ingente edificación de viviendas y alojamientos y la paralela  construcción de nuevas infraestructuras  y equipamientos para dar soporte a las actividades y a la movilidad en los nuevos espacios geográficos surgidos en este proceso. Por esta razón, las infraestructuras urbanas de transportes y  comunicaciones son más modernas y tecno-lógicamente más avanzadas que las de su entorno europeo. Por contra, el tejido industrial se mantiene solo en las zonas donde inicialmente se implantó y posteriormente, con la entrada en la Unión Europea, se reconvirtió, cuando no desapareció, como es el caso de la industria pesada. Así, el sector industrial es reducido y concentrado desde el punto de vista geográfico, no habiendo sido  una alternativa local al excedente de mano de obra campesina y por tanto al despoblamiento rural.

Los espacios geográficos actuales de España derivan, pues, del paso de una economía agraria a otra industrial y de servicios bajo los principios del sistema capitalista. Esta transformación se inicia en el siglo XIX en el País Vasco y Cataluña y se generaliza a finales del siglo XX.

Con la industrialización se produce el éxodo rural y el crecimiento urbano. Las ciudades tradicionales acogen las nuevas actividades productivas y a los trabajadores provenientes del medio rural, viéndose obligadas a romper los viejos recintos amurallados y promoviendo en su entorno los higiénicos ensanches burgueses o los núcleos dormitorio para los trabajadores asalariados  en el extrarradio. A partir de entonces, el crecimiento de las ciudades es  continuo, tanto en extensión como en altura.

Este crecimiento se realiza con los principios de nueva sociedad industrial, la segregación social y la especialización funcional del suelo, y da lugar a una gigantesca apropiación de las plusvalías por la calificación del suelo como urbano, la construcción sobre ese suelo revalorizado y la prestación de los servicios a los nuevos pobladores.

Lo que diferencia  a España de los principales países europeos es el retraso y la debilidad de la industrialización española y, por tanto, el tardío abandono del campo. Este retraso se debe, en parte,  a la guerra civil de 1936-39, al aislamiento posterior  y a la larga per-vivencia del régimen dictatorial y autárquico vencedor. El arraigo de la pequeña propiedad en el campo en el norte, el poder de los grandes terratenientes en el sur y la red de empresarios dependientes de las concesiones y rentas del estado centralista, contribuye-ron a mantener esa diferencia con respecto a Europa. En el mismo sentido fueron definitivos el amparo ideológico de la iglesia, las estructuras jurídicas y funcionariales endogámicas y el respaldo de un ejército siempre dispuesto a intervenir para mantener a las oligarquías terratenientes y a los poderes provincianos. Así  se excluyó e incluso se eliminó a los representantes de las nuevas clases sociales surgidas de la revolución industrial en las zonas periféricas y a los ilustrados defensores de las ideas democráticas y liberales.

De este modo, se  consolidó un capitalismo rentista de los recursos naturales, las explotaciones agrarias, los puestos de trabajo en las administraciones y empresas públicas,  las concesiones y contrataciones de obras y servicios públicos y de las calificaciones urbanísticas del suelo.

Esta economía rentista es una constante histórica  desde la organización del poder y la riqueza en el siglo sexto con adaptaciones a los sistemas económicos que se han sucedido desde entonces. Donde antaño era la tenencia del suelo rústico  la fuente de la riqueza, en la segunda mitad del siglo XX ha sido la del suelo urbano y de las construcciones que sobre su revalorización se han producido.

El origen de esta organización del poder es la unificación religiosa de los fragmentados reinos de la Península Ibérica con la conversión al catolicismo  del rey visigodo Recaredo. El III Concilio de Toledo en el año 589 crea una monarquía teocrática en alianza  con la iglesia católica y el soporte de los guerreros de fortuna. 100 años después se fortaleció  en una larga guerra de religión y de reconquista frente al Islam  y al final contra el judaísmo. Y terminada esta reconquista  se continuó con la colonización  americana con la apropiación de los bienes y el sometimiento de las poblaciones indígenas a la lengua, cultura y religión de los conquistadores. Solo en el breve periodo de la II República se cuestionó este orden teocrático y la consecuencia fue una nueva cruzada, una restauración de la monarquía y una nueva persecución a los disidentes ideológicos o los nacionalismos periféricos.

Solo el paso de la sociedad de base agraria a otra de base industrial obligó a una  transformación  de la organización política  y de la administración territorial. A comienzos del siglo XIX  España rompe con las demarcaciones del Antiguo Régimen - desde las establecidas por el rey  visigodo Recaredo a las importadas de la Francia de Luis XIV, al igual que la dinastía Borbón, por su nieto Felipe V en 1715 -  y se convierte en un estado centralista.  Desde Madrid, corte real y capital de España, se gobierna el Estado a través de  una administración periférica  localizada en las capitales de las nuevas demarcaciones provinciales de 1833, las provincias, o en las cabezas de los partidos judiciales en el caso de la administración de justicia.

La Constitución de 1978  introduce en España una organización territorial descentralizada con el reconocimiento de nacionalidades y regiones autónomas que asumen  competencias de  servicios sociales y territoriales públicos.

La organización territorial del siglo XIX utilizó los espacios geográficos históricos basa-dos en la adaptación de las sociedades agrarias a su entorno natural. De ahí su aceptación y pervivencia. Cuando se pasa a un Estado descentralizado,  el de las Comunidades Autónomas, éstas se delimitan a partir de los antiguos reinos, del principado de Asturias y del Señorío Vasco. Solo se produce la unión del Reino de León con el de Castilla la Vieja, del que se segregan para constituir comunidades uniprovinciales Cantabria y Rio-ja, al igual que Madrid, que se excluye del reino de Castilla la Nueva.

La nueva organización territorial expresa, como ya he señalado, las transformaciones económicas y sociales de finales del siglo XX. En estas décadas el abandono del campo da lugar a las grandes  concentraciones urbanas de Madrid, las periféricas  de las zonas industriales o las más reducidas de las capitales regionales o provinciales.  A ello se ha unido la urbanización casi continua del litoral. La sociedad deja de ser agraria, y en buena parte industrial, para convertirse en una sociedad urbana dedicada a las actividades de administración, comercio,  servicios y ocio.

El crecimiento urbano une a los principios de zonificación de usos y segregación social  en los espacios residenciales la discrecionalidad en la delimitación de los suelos urbanos y urbanizables y la privatización de la edificabilidad asignada a cada uno de ellos.

En estos suelos revalorizados por su calificación urbana se promueven las construcciones  para acoger a las nuevas actividades productivas  y a las viviendas  para la población procedente del campo o de su crecimiento vegetativo. Así las ciudades y sus áreas metropolitanas se han convertido en una gigantesca y continua fuente de enriquecimiento de quienes las construyen, equipan, proveen de agua, energía y servicios y procuran la movilidad interzonal a quienes las habitan. El motor de estos procesos ha sido la generación  de deudas de por vida mediante la financiación inmobiliaria  que conlleva la creación de dinero con sus intereses, verdadero soporte del negocio financiero y de su voraz necesidad de crecimiento continuo. A su vez estas relaciones de dependencia  o de fidelización a los bancos alimenta un modo de vida individualista, competitivo e insolidario.

Este proceso urbanizador no ha ido acompañado, salvo en algunas zonas, por industrias básicas, como las pesadas o las de bienes de equipo. De ahí que las principales actividades industriales desde mediados del siglo XX hayan sido las  de montaje y la construcción con sus respectivas empresas auxiliares. En este periodo la principal fuente de enriquecimiento ha provenido de la transformación de suelos rústicos en edificables, crean-do nuevas clases rentistas, las de los terratenientes de suelo urbano, los constructores y los concesionarios de servicios públicos urbanos. Y a su vez la mayor parte de los destinatarios de las viviendas construidas hayan sido los empleados en actividades de administración y servicios o los turistas temporales o incluso estables.

El abandono del campo se produce  cuando la actividad agroganadera se mecaniza, incorpora las últimas tecnologías, los cultivos se independizan, en parte, de las condiciones naturales, las explotaciones agropecuarias se convierten en empresas que integran capitales externos y acaparan las subvenciones de las políticas agrarias europeas.

La consecuencia es la generación de los grandes excedentes de trabajadores agrarios y en consecuencia una obligada migración a las ciudades.  Si en 1970 el 29,3% de la población activa se dedicaba a la agricultura y la pesca en 2016 solo lo hacía el 4,4 %. Y los trabajos agrícolas  de difícil o costosa mecanización, como la recolección de las cosechas, se realizan con contratos precarios y temporales a trabajadores procedentes de países con menor nivel de renta y poca cobertura social.

Como alternativa al éxodo rural hacia las tradicionales zonas industriales peninsulares o a Europa, se ponen en marcha, a partir de 1964, los  Polos de desarrollo industrial de Valladolid, Vigo, Burgos, La Coruña, Zaragoza, Sevilla, Huelva, Granada, Oviedo y Córdoba. Se trataba de fijar la población rural en los centros urbanos próximos y a la vez extender la industrialización fuera de Cataluña y, para el franquismo, de las “traidoras provincias vascongadas”.

Los Polos de desarrollo industrial sirvieron para atraer  al sector automovilístico foráneo con plantas de montaje que a su vez promovieron una industria auxiliar de componentes. El éxito de estas nuevas implantaciones industriales fue compartido con las existentes de Madrid -Barreiros – o Barcelona -Seat- o las nuevas de Valencia y Vitoria - Gasteiz.

Pero, a pesar del impulso a través de los Polos de desarrollo, la actividad industrial sigue este mismo proceso que la actividad agraria: En 1970 ocupaba al 25,3% de la población activa mientras en 2016 se había reducido al 13,9%. Este descenso de la actividad industrial a casi la mitad fue debido, inicialmente, a la desaparición de las actividades mineras, especialmente la del carbón por su baja calidad y dependencia de la siderurgia,  y otras propias de la autarquía de posguerra y a la reconversión de la siderurgia, la actividad naval y la producción de bienes de equipo con la entrada en el Mercado Común Europeo.

Posteriormente se produce  la privatización de las empresas públicas energéticas, de comunicaciones, de infraestructuras de transporte, mineras... y su paso a la dependencia de capital extranjero después de dejar  a los herederos del franquismo enormes fortunas. El amplio sector público controlado por una oligarquía franquista se privatiza en su beneficio cuando por el cambio político podía perder su control. Y la entrada en la Comunidad Europea también permitía al sector financiero  hacerse con parte de este pastel. Este pro-ceso se ve acentuado en la crisis de 2008 con los rescates bancarios y la expropiación a favor de fondos multinacionales de las propiedades públicas de viviendas y la privatización de la educación, la sanidad, los incipientes, parciales y desiguales  cuidados a mayores o dependientes y los servicios municipales.

A la vez se consuma  el vaciamiento económico de las regiones interiores y periféricas mediante la concentración  de las empresas industriales, energéticas y de cajas de ahorros formando oligopolios y concentrando sus sedes en Madrid.

En paralelo a todos estos procesos de desindustrialización se produce una deslocalización de la actividad manufacturera hacia terceros países con mano de obra barata y con pocos derechos sociales.

Así se llega a que en 2016 el 4,4% de la población activa en la agricultura suponga el 2,6 % del PIB. Y en el caso de la industria  su 13,9  de activos aporten el 17,8%,  del PIB de España.

Estos procesos explican la alta tasa de desempleo estructural de la economía española, con una media superior al 15% en los últimos cuarenta años. A la vez, se ha producido una importante inmigración para cubrir los puestos de trabajo de menor remuneración y mayor temporalidad.

La forma de compensar, en parte, las pérdidas de empleo en el sector primario y secundario ha sido el impulso de un modelo productivo basado en mano de obra no cualificada que atiende el ocio y el turismo de las poblaciones urbanas, inicialmente nacionales, más tarde europeas y en la actualidad internacionales. El medio natural, el patrimonio inmobiliario tradicional, los bienes histórico-culturales la gastronomía  y finalmente, las buenas condiciones climáticas del litoral  han configurado una oferta turística muy atractiva.

Pero esta expansión del turismo se ha realizado en beneficio de empresas foráneas y de promotores locales financiados por bancos europeos que se han apropiado de la multiplicación del valor de suelo rústico y de una alocada edificación destructora del litoral, contaminante, de ínfima calidad, de manifiesta fealdad, insostenible y enormemente costosa para los municipios afectados.

Con los ingresos de esta actividad se desató una sensación de riqueza que, acompañada por el crédito fácil, convirtió a la construcción en el principal motor económico de la época. Al inicio de la crisis de 2008 la construcción suponía el 18% del PIB y las industrias auxiliares el 21%. El PIB de agricultura e industria sumaba el 21,8% en 2005. El turismo llegaba al comienzo de la crisis al 11% del PIB. En 2018 supuso el 12,3 % del PIB mientras en el resto de los países europeos no supera el 3%. El turismo es un sector de puestos de trabajo poco cualificados con salarios bajos y temporales. Poco más del 18% del valor añadido de la actividad turística se dedica a salarios mientras el 80% va a retribuciones del capital. En los otros sectores económicos más del 50% de su valor añadido se destina a salarios.

La actividad turística ha creado nuevos espacios en núcleos urbanos preexistentes o fuera de ellos, en zonas no edificadas y, muchas veces, destruyendo el medio natural, sobre todo litoral.   Pero estas nuevas edificaciones no han ido acompañadas de una generación de riqueza y empleo estable local. La renta media por hogar en España era, en 2017, de 27.558 €. De los municipios turísticos solo Marbella se acerca a la renta media nacional (26.120€) y el resto oscilan entre los 18.484€ de Torrevieja y los 23.437€ de Chiclana de la Frontera.

Por otra parte, estos espacios turísticos tienen una ocupación de temporada y trasladan los costes de mantenimiento a las poblaciones que los albergan, al igual que les ocurre a la mayor parte de los pequeños pueblos del medio rural. Es la España vaciada o, mejor aún,  la España fantasma durante tres estaciones del año.

Pese a estas peculiaridades, los nuevos espacios geográficos son los propios de una sociedad muy urbanizada, concentrada en unas pocas áreas metropolitanas e integrada en una economía de mercado global.

Estas profundas transformaciones en la distribución de la población han requerido una modernización radical del sistema de transportes heredado. El sistema ferroviario anterior tenían una estructura capilar para dar acceso a todas las poblaciones con independencia de los tiempos y las capacidades de carga. Desde 1960 se han cerrado 7.600 km. de vías como se puede ver en el mapa de líneas férreas clausuradas. Los ferrocarriles actuales deben responder a un poblamiento concentrado y lo hacen conectando áreas urbanas en el menor tiempo y con la mayor carga, sean de viajeros o de mercancías. Igual ha ocurrido con la red autoviaria con la construcción de vías de alta capacidad, autopistas y autovías, entre las ciudades y dentro de las áreas metropolitanas

El proceso de urbanización y la transformación paralela del sistema de transportes puede verse en los mapas del  Sistema de transportes de España. Sin embargo las infraestructuras de transporte  se han concebido y realizado reafirmando el sistema  radial propio de Estado centralista. Así lo muestra el mapa de la  Red radial de carreteras de España  elaborado por  Joseph Davies calculando las rutas optimas  desde Madrid a 800 ubicaciones en España.

También en Madrid  comienzan y terminan todas las nuevas líneas de alta velocidad. No solo no hay líneas trasversales sino que ni siquiera hay continuidad entre las distintas ciudades periféricas dentro de la ciudad de Madrid, los radios nunca se convierten en diámetros. Es una red colonial que tan solo pretende poner las ciudades costeras a menos de cuatro horas del centro de Madrid. Y, de paso extender  la urbanización de Madrid con las estaciones  de Segovia,  construyendo un túnel de 30 Km bajo la sierra de Guadarrama, la de Guadalajara a doce kilómetros de su centro urbano o como ya se había hecho  con Ciudad Real y su fallido aeropuerto.  

Esta confluencia de infraestructuras de transporte junto con la concentración económica, financiera, política, científica, cultural y de riqueza gracias a la favorable fiscalidad para  empresas y grandes fortunas se asienta sobre un modelo urbanístico que alimenta gran-des negocios inmobiliarios y una fuerte reducción de la presión fiscal.

La expresión más clara de la dicotomía entre una intensa concentración urbana y un vaciamiento rural es la participación respectiva en el PIB. Casi el 80% del PIB español está en las zonas urbanas, el porcentaje más alto de toda la UE. Y un tercio del PIB lo acaparan las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. Madrid y Barcelona tienen cada una entre el 10 y el 20 % del PIB. 16 ciudades litorales entre el 1-5% cada una. Tres ciudades interiores -Valladolid, Zaragoza y Córdoba-  también tienen una participación en el PIB entre el 1 y el 5%. Todas las demás poblaciones de España juntas, incluidas 29 capitales provinciales, solo participan con un 20-30% del PIB.

Estos porcentajes del PIB se recogen en el mapa de la macrocefalia urbana en la Unión Europea. En este mapa se aprecia la desigual participación en el PIB de las mayores concentraciones urbanas respecto al conjunto del territorio. Contrasta este vaciamiento y desarticulación territorial del interior español con la equilibrada distribución poblacional, económica y de actividades de Alemania. Sus 19 ciudades mayores concentran un 50% del PIB mientras el otro 50% es aportado por el resto de las poblaciones repartidas por todo el territorio.

Se constata igualmente que la despoblación del interior de España, en un radio de 350 kilómetros en torno al área metropolitana da Madrid es, también, un vaciamiento eco-nómico y de actividades productivas.

 

Alternativas para los nuevos  espacios geográficos  de la sociedad digital

 

Como planteaba de manera general en el apartado de la evolución futura de los espacios geográficos, la nueva sociedad digital  construirá  sus  propios espacios geográficos a partir de los espacios heredados de la sociedad industrial. A mi entender, los nuevos espacios geográficos se organizarán en base a los cambios que introduce la revolución digital en las formas y los procesos de producción, en la organización económica y social y en su generalización a escala planetaria.

Lo que actualmente se suscita es, en primer lugar, si esa transformación se realizará bajo la dirección del neoliberalismo económico imperante o de los emergentes poderes públicos defensores de la igualdad, la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio natural. En  segundo término cómo se sustancia en el marco político la tensión global-local, los sistemas de democracia delegada  o representativa y la democracia directa con una participación continua en las decisiones que afecta la los modos de vida cotidianos.

Entonces ya me pronunciaba en favor  del papel protagonista que deben  tener las comunidades vecinales para crear y gestionar sus espacios de vida bajo los principios de la autosuficiencia económica y la participación activa, directa y cooperativa, de sus miembros. Frente a la globalidad del mercado, la estatalidad política y la regionalidad administrativa  debe recuperarse la territorialidad social, el sentido de pertenencia a una comunidad social asentada en un lugar. Esta recuperación de la territorialidad  permitiría  superar el individualismo y la asocialidad del mercado, siempre fundamentado en la desigualdad y la división social según la capacidad individual de compra y consumo.

El fin de la sociedad de base industrial  y de sus espacios geográficos está marcado por las crisis globales de naturaleza  económica, climática y sanitaria.  En paralelo, pero con retraso, se extiende la necesidad de una renacionalización de la producción y de los su-ministros y la vuelta a  una economía local, de proximidad, basada en espacios vecinales autosuficientes y autogestionados, como alternativa  al modelo de  segmentación pro-ductiva, zonificación espacial y segregación social sostenido sobre la movilidad mecanizada y continua.

En el caso de España, la triple crisis han puesto en evidencia la insuficiencia del sistema productivo y la dependencia  del exterior, así como la desarticulación territorial entre pocas concentraciones urbanas y muchas zonas despobladas permanentemente o, como buena parte de las turísticas, durante dos o tres estaciones al año. 

Como contrapartida, la modernización de las infraestructuras de transportes, especial-mente la alta velocidad ferroviaria, las telemáticas y las de energías renovables, así como el parque inmobiliario rural y turístico abandonado o infrautilizado, proporcionan excelentes bases para el desarrollo de una economía del bienestar social y unos nuevos espacios geográficos sostenibles.

El modelo mediterráneo de los espacios urbanos es, también, un activo que facilitará la reconversión de los pueblos y ciudades en espacios para vivir y no en lugares para trabajar y consumir, como los poderes económicos y sus delegados políticos imponen.

La reconversión de los espacios turísticos pasa por romper su estacionalidad y  mono-funcionalidad. La calidad de vida que los caracteriza y el existente parque inmobiliario son  atractivos para las personas que no están ancladas en un lugar por razones laborales o familiares. Las actividades de atención personal, de relación, formación, cuidados y ocio,  junto a las de alojamiento y hostelería son muy apropiadas para asegurar la ocupación de estos espacios  por las personas mayores, jubiladas o dependientes, de los fríos lugares norteños. Estos espacios también son idóneos para atraer a trabajadores de los servicios que esos residentes necesiten o para desarrollar labores productivas y de comercialización a distancia o instalaciones temporales o duraderas de teletrabajadores. La reducción de los costes en vivienda, transportes y  servicios y la disminución de los tiempos de desplazamiento con respecto a la gran ciudad mejoraría la competitividad y permitiría una mejor conciliación familiar y una mayor calidad de vida.

El interior vaciado, en un radio de más de trescientos kilómetros desde el centro madrileño, requiere un proceso de repoblación fundamentado en una economía agroalimentaria ecológica, en la custodia y regeneración del medio natural y en la recuperación cultural e inmobiliaria de su patrimonio. También es necesario potenciar actividades fabriles mediante talleres locales en red que compartan plataformas de comercialización y establecimientos distribuidores de sus producciones. Pero esto solo será posible si los pueblos participan en los beneficios que genera su medio natural. Así los pueblos dispondrán gratuitamente un porcentaje de la producción energía hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica o de biomasa que se produzca en su término municipal. Igualmente de los beneficios ambientales de sus montes o de los recursos del subsuelo. También será gratuito el suelo edificable para los nuevos pobladores, las ayudas para la recuperación y remodelación del patrimonio inmobiliario preexistente o para la  construcción de alojamientos colectivos de personas mayores. Asimismo debe  adecuarse la  dotación  de equipamientos sanitarios o de educación infantil y obligatoria a las necesidades de los vecinos.

Junto a la reactivación y repoblación de los espacios rurales del interior  y a la desestacionalización y diversificación de los espacios turísticos hay que actuar también en la remodelación de los espacios urbanos.

Las ciudades, y más aún las áreas metropolitanas requieren un nuevo diseño y ordenación. La pandemia ha revelado la disfuncionalidad que vienen arrastrando los espacios urbanos. Las casas están pensadas para una sociedad que ya no existe, para un modelo de familia que tampoco está vigente, para unas relaciones que no se dan actualmente y para unas formas de trabajo que no son las propias de una sociedad digital. El espacio público está ocupado por chatarra, ruido y contaminación en movimiento o aparcada o, en el caso de los espacios peatonales, por terrazas   de bares y mascotas con los efectos ya conocidos.

Ya antes de la pandemia se planteaba un nuevo modelo de ciudad respetuoso con las personas y el medio ambiente. Se pusieron en marcha iniciativas de reducción de la presencia del vehículo privado, de recuperación de la calle y  peatonalización de los trayectos, de sustitución del asfalto por el verde, incluso extendiéndose a los muros de los edificios, como ejemplifican las supermanzanas barcelonesas.

La remodelación urbana no se puede sostener  sobre las fórmulas de negocio inmobiliario anteriores porque no existe una clientela solvente y con seguridad de ingresos continuos.  La idea de naturalizar o ruralizar la ciudad es inviable si a la vez  hay que mantener una la zonificación de usos fuente de todo el negocio inmobiliario. La disfuncionalidad urbana para la calidad de vida de sus habitantes deviene de la separación entre las viviendas y los lugares de trabajo, de educación, de comercio o de ocio y por tanto, con de-pendencia del vehículo privado, sea cual sea su motorización.

Estas concentraciones urbanas y el paralelo vaciamiento rural se han producido por   una economía industrial pero más aún por el gigantesco negocio inmobiliario que requería. Pero sus efectos negativos  se han acentuado en España a causa de  la organización de la administración local que pervive desde el siglo XIX. Los espacios geográficos de la sociedad industrial han tenido el urbanismo como el instrumento fundamental para la reconversión espacial y la recomposición económica de las clases pudientes del franquismo.

El Estado ha intervenido creando la legislación básica que se ha aplicado por las comisiones provinciales de urbanismo y la tutela de las Diputaciones en los municipios meno-res de 10.000 habitantes. En definitiva, los municipios han carecido de autonomía planificadora y esta ha sido ejercida por unas Diputaciones Provinciales irresponsables, ya que sus miembros directivos no son de elección directa y por tanto no rinden cuentas al cabo de su gestión. Además, en muchos casos, se valen de organismos técnicos inter-puestos de difícil control por los destinatarios de sus actuaciones.

En los municipios de más de 10.000 habitantes, bajo la tutela de las Comunidades Autónomas, los procesos de planificación urbana son escasamente transparentes y las asignaciones de zonificación y edificabilidad son discrecionales por parte de equipos de gobierno municipales muy sensibles a los intereses constructores. Más aún, en no pocos casos, se sirven del urbanismo y de las concesiones de gestión de servicios públicos municipales para  la financiación de los partidos o lucro particular de los partidarios y afines siendo una potencial fuente de corrupción.

Para afrontar los cambios espaciales de la nueva sociedad digital y los retos de un desarrollo sostenible  es necesaria una radical reforma de la Administración Local.

La reforma debe contemplar la supresión de las Diputaciones provinciales y las funciones, de tutela y control a los Ayuntamientos,  deben ser devueltas a los municipios de forma que éstos puedan ejercer  plenamente las competencias que tienen reconocidas constitucionalmente como Administración Local con elección democrática de su gobierno. En las zonas  donde se ha producido un vaciamiento poblacional y los municipios ya no pueden ejercer sus competencias como administración local tendrán que agruparse formando un nuevo municipio  de forma que las demarcaciones municipales se reduzcan de los 8131 municipios actuales a menos de la mitad.

Las funciones supramunicipales desempeñadas por las Diputaciones serían  asumidas por la Comunidad Autónoma en la que esté integrada la provincia  como ya ha ocurrido en el caso de las Comunidades uniprovinciales.

La nueva regulación de la administración local debe contemplar espacios submunicipales – entidades locales menores o entidades vecinales autónomas- con capacidades de auto-gestión directamente ejercida por sus vecinos en régimen de concejo abierto y con una junta vecinal como órgano de gobierno.

Pero además hay que romper con el aislamiento e incomunicación de las poblaciones pequeñas o medias que no tienen acceso a la nueva red ferroviaria de alta velocidad. Es necesario aprovechar la red ferroviaria del siglo pasado instalando cercanías ligeros o la red de carreteras local  para implantar un transporte público eléctrico y autónomo